¿Será garantista el procedimiento del Gobierno sobre el control de la prensa para luchar contra la desinformación?

¿Será garantista el procedimiento del Gobierno sobre el control de la prensa para luchar contra la desinformación?

Tras el nuevo procedimiento, publicado recientemente en el BOE, de actuación contra la desinformación que el Gobierno quiere aplicar en España, Mario Bonacho, letrado responsable de las áreas de Delitos contra la Intimidad y Defensa de la Reputación Corporativa en AVERUM Abogados, ha realizado un artículo en profundidad en la revista jurídica Economist&Jurist para analizar el posible control de la prensa con la finalidad de luchar contra las fake news y la desinformación en un mundo cada vez más globalizado.

Para entender esta medida hay que remontarse al European Democracy Action Plan, puesto en marcha por la Comisión Europea en 2018, cuyo objetivo se basaba en la “garantía a los ciudadanos de libres interferencias y manipulaciones ilegales cuando se tratase de tomar decisiones políticas”, ha destacado Bonacho en Economist&Jurist.

En este aspecto, surgen preguntas que giran en torno al control de esa verdad por parte de diferentes organismos del Gobierno, determinando si estamos o no antes fake news. Haciendo hincapié en España, “existen empresas privadas dedicas directamente a la detección de bulos o noticias falsas, como por ejemplo Newtral, que aplican ciertos métodos concretos para indagar sobre la veracidad de las informaciones y su calificación como Fake o no”, ha recalcado el Letrado de AVERUM Abogados.

Pero, ¿es necesario contar con este tipo de compañías? En declaraciones de Bonacho, “es realmente importante a corto plazo establecer una serie de mecanismos que traten de arrojar luz sobre la veracidad o no de las informaciones que diariamente en su opacidad persiguen el desposicionamiento de un tercero. Sin embargo, hay líneas dónde tales empresas creo que es complicado puedan llegar y tenga que ser el poder judicial el que tome cartas en el asunto a los efectos de desmenuzar con rigor legal el caso en cuestión, teniendo en cuenta que, además, hay que realizar un seguimiento del procedimiento para determinar qué derechos fundamentales pueden verse vulnerados o no”, ha concluido.

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