Condena en costas en procedimientos civiles de derecho al honor

Condena en costas en procedimientos civiles de derecho al honor

En un artículo, titulado Condena en costas en procedimientos civiles de derecho al honor y la permanente inseguridad jurídica, elaborado por Mario Bonacho, letrado de AVERUM Abogados, para la revista especializada Economist & Jurist, se analiza, -teniendo en cuenta nuestra experiencia como abogados especializados en la materia-, cómo experimentamos día a día una terrible indefensión para el justiciable. Esto es, la persona que sufre la intromisión ilegítima en su derecho al honor, puesto que, al cuantificar su daño moral en la demanda, está en juego que recupere los gastos invertidos en abogado y procurador.

La cuantificación del daño moral es discrecional y dependiendo del fuero en el que se actúe, se valorará a lo alto o a lo bajo. No obstante, ello no puede repercutir en que el sujeto damnificado se vea o no resarcido de las costas generadas en el pleito correspondiente.

En concreto, lo que venimos a decir en el artículo, es que, como abogados, debemos de valorar económicamente el daño moral que nuestro cliente padece en nuestro escrito de demanda y, en ocasiones, el juez competente entiende que esa cuantía ha de ser rebajada, lo cual incide de forma directa en la correspondiente condena en costas al litigante vencido.

La solución a tal planteamiento pasa, en primer lugar, porque el juzgador aplique el criterio del vencimiento objetivo al tratarse de una estimación sustancial. En segundo lugar, porque el legislador determinase en la L.O 1/1982, de 5 de mayo, una serie de patrones o baremos objetivos, que cuantifiquen de forma objetiva el daño moral a los efectos de no continuar con la indiscutible inseguridad jurídica que para el justiciable pesa en este campo.

La continuación en vigor de tal marco normativo no redunda sino en la continua desprotección del sujeto atacado, que con la proliferación de las fake news y de comentarios denigrantes en redes sociales, no hace sino aumentar el número de desprotegidos que, en ocasiones, debido a esa inseguridad en recuperar sus gastos procesales invertidos, prefieren no proceder a la defensa de su honor.