DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR VS. LIBERTAD DE INFORMACIÓN

Derecho al Honor

Sumario:

  1. Consideraciones generales sobre la STS nº 606/2015, 3 de noviembre de 2015.

  2. Ratio decidendi:

    1. Prevalencia del Derecho a la intimidad personal y familiar sobre la libertad de información:

  1. El requisito de veracidad.

  2. El personaje público o de proyección pública

                             2.2.  Discrecionalidad en la aplicación del derecho a la Intimidad “personal “y  la intimidad “familiar”.

       3. Conclusiones.

 

1. Consideraciones generales sobre la STS nº 606/2015,  de 3 de noviembre de 2015.

La Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo se ha pronunciado, a 3 de noviembre de 2015, sobre un asunto que es de gran relevancia a efectos de proteger la intimidad de los famosos, denominados estos años atrás por la jurisprudencia como “personajes públicos” o de “proyección pública”.

Tal asunto proviene de una serie de declaraciones vertidas en un programa de televisión, las cuales hacen referencia a un posible noviazgo de Dña. Eugenia Martínez de Irujo. Por parte de la agraviada se interpuso demanda por intromisión ilegítima en el derecho a su intimidad personal y familiar, la condena al pago de 30.000 € en concepto de indemnización de daños y perjuicios; y a la cesación de dicha intromisión contra la persona que realizó las declaraciones y contra el medio que impulsó las mismas.

Por la representación de Dña. Eugenia se sostiene que ella no había mantenido en ningún momento relación, ni sentimental ni de mera amistad con el emisor de las declaraciones y que tampoco lo conocía en persona; que la única intención del codemandado era manifestar de forma pública que ostentaba una relación sentimental con Dña. Eugenia, a sabiendas de su falsedad, a fin de obtener un lucro económico mediante tal argucia y beneficiarse de popularidad a costas de dañar la intimidad de la parte actora.

En la misma línea, la demandante fundamenta que tales manifestaciones incidían de forma negativa en su ámbito familiar en tanto que su hija menor vería como se otorgaba a su madre un romance con un hombre mucho más joven, afectando de manera negativa a su desarrollo; y que el medio de comunicación ostentaría la legitimación pasiva en el proceso toda vez que colaboró en la emisión de tales infundios a sabiendas de su falsedad; incluso actuó de inductor al incitar al codemandado a declarar sobre tales hechos.

A esta serie de argumentaciones, los codemandados se opusieron aduciendo que: 1º) Las manifestaciones no fueron acompañadas de detalles de la vida íntima o personal que invadiesen cualquier reducto privado de su persona, sino que solamente hizo alguna insinuación pero sin proferir ninguna expresión ofensiva, injuriosa o atentatoria por intromisión grave en la intimidad. 2º) Se trataba de una persona de proyección pública que de manera reiterada aparecía en la “crónica rosa” o “programas del corazón”.

Sin perjuicio de tales líneas argumentadas de una y otra parte, podemos decir que el núcleo jurídico se encuentra en el análisis del “criterio de veracidad” en relación con el derecho a la intimidad personal y familiar.

La parte demandante sostiene que faltó uno de los presupuestos esenciales que exige la libertad de información, esto es, la veracidad, no actuando en consonancia con las normas de profesionalidad y rigor que deben regir en la actividad de los informadores, y basándose la noticia en meros rumores y especulaciones carentes de constatación alguna y sin haber contrastado las informaciones difundidas. A sensu contrario, tanto los codemandados sostuvieron, al igual que hizo el Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 9) y el Ministerio Fiscal que “la veracidad de la información era presupuesto necesario para que la infracción del derecho a la intimidad se produjera”, . En este sentido, la sentencia de primera instancia desestima la demanda por entender que si los hechos divulgados no son ciertos no se pude hablar de vulneración del derecho a la intimidad, que exige la veracidad de la información. Literalemente, el fundamento jurídico tercero de la misma sostiene que “tratándose de la intimidad, la veracidad no es paliativo, sino presupuesto, en todo caso, de la lesión. Se trata, por tanto, de reconocer las peculiaridades del derecho a la intimidad, dado que es esta lo que se preserva, debiendo entenderse, como así lo hace el Ministerio Fiscal, que mientras que en el derecho al honor la veracidad de la información legitima en determinados casos las intromisiones, tratándose del derecho a la intimidad la veracidad es requisito necesario para que la intromisión se produzca. Por ello se llega a la conclusión de que tratándose lo manifestado por el codemandado de una falsedad, no puede constituir una vulneración del derecho a la intimidad de la Sra. Martínez de Irujo”. En la misma línea se posiciona la Audiencia Provincial de Madrid haciendo mención de una Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala 1ª,  20/1992, de 14 de febrero; la cual se pronuncia sobre tal tema.

 

2. Ratio decidendi.

2.1. Prevalencia del Derecho a la intimidad personal y familiar sobre la libertad de información.

A tenor de tales presupuestos jurídicos mencionados, y recurrida la Sentencia por la representación procesal de la Sra. Martinez de Irujo, el Tribunal Supremo se pronuncia en sentido contrario, de una forma lógica y razonada. Como sabemos, el requisito de la veracidad es imprescindible a la hora de hacer valer la libertad de información sobre el derecho al honor; por lo que si se publica un hecho basado en rumores o meras invenciones se estará faltando a la verdad habida cuenta de que no se emplearon de un modo diligente y profesional los cánones que rigen la profesión del periodismo en lo que a la comprobación de la noticia se refiere.  En consecuencia, prevalecerá el derecho al honor sobre la libertad de información si esa noticia no fue comprobada debidamente.

  1. El requisito de veracidad:

En aplicación al presente asunto, el requisito de veracidad juega un papel esencial ya que será el criterio que decidirá si prevalece el derecho a la intimidad del agraviado o prevalece la libertad de información.

Pues bien, tal y como reseña la STC 20/1992 “tratándose de la intimidad, la veracidad no es paliativo, sino presupuesto en todo caso, de la lesión”. Esto es completamente cierto, pero lo que también lo es (a criterio de AVERUM) es que la precitada sentencia añade más adelante: “en modo alguno puede exigirse a nadie que soporte pasivamente la difusión periodística de datos, reales o supuestos, de su vida privada que afecten a su reputación”. En este sentido se pronuncia el Tribunal Supremo al señalar que el argumento tanto de primera instancia como de apelación no es ajustado a la doctrina emanada por el  Tribunal Constitucional, citando expresamente en la sentencia ahora estudiada que “el derecho a la intimidad puede verse afectado, no solamente por la afirmación concreta y veraz sobre la intimidad del padre del recurrente, sino también por meras especulaciones o rumores sobre su filiación.”

Por ello, al atribuirse el demandado una relación sentimental basándose en meras invenciones, es fácil colegir que se estaba produciendo una invasión en el ámbito privado de Dña. Eugenia a través de una serie de declaraciones que carecían de veracidad.

  1. El personaje público o de proyección pública:

Como ya hemos señalado, uno de los fundamentos aducidos de contrario fue que Dña. Eugenia Martínez de Irujo es un personaje público y que, por ende, al haber estado su vida expuesta en las revistas del corazón y prensa generalista éste tipo de comentarios no afectarían de ningún modo a su esfera personal.

La “proyección pública” se reconoce generalmente por diversas razones: por la actividad política, por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la trascendencia económica y por la relación social, entre otras circunstancias (Véase en este sentido la STS de 17 de diciembre de 1997 (Sala 1ª, de lo Civil). En suma, la relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información y de expresión cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado.

Es evidente que frente a la crítica, informaciones o expresiones de terceras personas, el derecho al honor de una persona de proyección pública se ve más debilitado; lo cual no quiere decir que su derecho al honor e intimidad personal y familiar sea distinto, sino que por el hecho de ser una persona con cierto prestigio público éste se presenta como un mero receptor de cualquier crítica, información o expresión. En sentido opuesto, una persona que se mantiene en el anonimato no ostenta un derecho al honor e intimidad personal y familiar tan debilitado, debido a que no se trata de un sujeto que esté expuesto a la opinión pública.

En esta misma línea, y retomando de nuevo el análisis de la STS de 3 de noviembre de 2015, el Tribunal Supremo pone de relieve que “es cierto que la demandante era un persona de proyección pública y que aparecía con frecuencia en los medios perteneciente al género de la crónica social”, pero tal y como mantenemos en AVERUM ABOGADOS, “no lo es menos que ni la relevancia social de una persona ni su aparición en los medios del género de la crónica social la despojan de su intimidad hasta el punto de legitimar la divulgación de cualquier hecho de su vida privada ni, menos aún, de hechos inventados o carentes de sustento real alguno”.

 

2.2.  Discrecionalidad en la aplicación del derecho a la Intimidad “personal “y  la intimidad “familiar”.

Una vez expuesta la postura de que Dña. Eugenia Martínez de Irujo no debió ver menoscabada su intimidad personal y familiar, y pronunciándose el Tribunal Supremo en el mismo sentido, hemos de analizar detenidamente por qué se declaró la vulneración de su derecho a la intimidad personal y no familiar.

Es el fundamento jurídico 5º de la sentencia el que reseña que “la intromisión ilegítima apreciada afectó a la intimidad personal de la demandante, no así a su intimidad familiar, pues la circunstancia de que las declaraciones enjuiciadas pudieran llegar a oídos de su hija no significa que el propio contenido de las declaraciones incidiera en el ámbito de la vida familiar de la demandante.”

A este respecto cabe preguntarse; ¿qué serie de parámetros tendrá en cuenta el Tribunal Supremo en posteriores pronunciamientos para declarar la vulneración tanto del derecho a la intimidad personal como el derecho a la intimidad familiar?

En el asunto de referencia, podemos apreciar que no se lleva a cabo un fundamentación exhaustiva de que tales declaraciones no afectaron en el desarrollo de su hija. Es totalmente lícito manifestar que una serie de declaraciones no afectan al ámbito familiar de una persona; pero no lo es tanto decirlo sin fundamento alguno. En este sentido, nuestra impresión es que en posteriores procesos el Tribunal Supremo aplicará el instituto de la discrecionalidad para pronunciarse sobre si un suceso tuvo relevancia en el ámbito familiar de una persona o no.

 

3. Conclusiones.

I

El requisito de veracidad juega un papel importante en la ponderación del derecho a la intimidad personal y familiar y la libertad de información. Es decir, encontrándonos ante una serie de manifestaciones totalmente falsas ya sean publicadas en prensa escrita o en un programa de televisión podemos hacer valer el derecho a la intimidad personal y familiar sobre la libertad de información siguiendo la tónica expuesta por el Tribunal Supremo. Pues si siguiéramos la línea expuesta tanto por el tribunal de primera instancia como por la audiencia provincial los medios de comunicación tendrían vía libre para hacer caja a costa de publicar noticias falsas que, a todas luces, vulneran el derecho a la intimidad de los personajes públicos.

 

II

El hecho de ser un “personaje público” no es óbice para que vea totalmente anulada su esfera de derechos fundamentales que garantiza nuestra Carta Magna, en el asunto de referencia, el derecho a la intimidad. Sí que es verdad que dispondrá de un derecho al honor, intimidad y propia imagen más debilitado con respecto a una persona anónima, pero en ningún caso podríamos anular totalmente el reconocimiento de aquéllos.

 

III

La distinción entre “intimidad personal” e “intimidad familiar” queda al arbitrio del juez, habida cuenta de la dificultad de la fijación de parámetros que delimiten los supuestos en concreto. Ello no quiere decir que se deba incurrir en una flagrante “falta de motivación de la sentencia” ya que ello nos conduciría a la más absoluta arbitrariedad y hallándonos ante una resolución no ajustada al ordenamiento jurídico. En estrictos términos del Tribunal Constitucional, el artículo 24 C.E. impone a los órganos judiciales, no solamente la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico y no resultar arbitraria.

 

Mario Bonacho Caballero

Abogado

AVERUM ABOGADOS